- Tras la denuncia del concejal socialista Sebastián Almonacid por un eventual conflicto de interés en el concurso que permitió a Ignacio Ávila asumir la Dirección de Operaciones, las concejalas Evelyn Chávez (Frente Amplio) y Bárbara Álvarez (PPD) plantearon revisar los antecedentes y evaluar la remoción del administrador municipal Fernando Orellana.
La denuncia presentada por el concejal Sebastián Almonacid (PS), que cuestiona la participación del administrador municipal Fernando Orellana en la evaluación de un concurso público en el que habría resultado seleccionado un exsocio comercial suyo, provocó una rápida reacción entre las concejalas de oposición en el Concejo Municipal de Puerto Montt.
Una de las primeras en plantear la necesidad de adoptar medidas fue la concejala Evelyn Chávez (Frente Amplio), quien llamó a sus colegas a estudiar la posibilidad de someter a votación del Concejo Municipal la remoción del administrador municipal, atendida la gravedad de los antecedentes expuestos y la necesidad de resguardar la probidad en la administración pública.
En la misma línea, la concejala Bárbara Álvarez (PPD) manifestó que no es posible permanecer indiferente frente a una denuncia de esta naturaleza. Asimismo, expresó su disposición a convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, con el objetivo de revisar los antecedentes del caso y abrir la discusión sobre una eventual destitución de Fernando Orellana.
Chávez recordó la destitución de Patricio Tapia: «Por menos fue destituido»
En su planteamiento, Evelyn Chávez recordó que la situación que hoy enfrenta la administración municipal no sería un episodio inédito en Puerto Montt. La edil del Frente Amplio hizo referencia a diciembre de 2022, cuando el Concejo Municipal de la época aprobó la remoción del entonces administrador municipal, Patricio Tapia.
En aquella oportunidad, la decisión fue adoptada por siete votos a favor, dos en contra y una abstención. Chávez, quien ya integraba el Concejo Municipal, votó favorablemente a la destitución.
Al establecer una comparación con los antecedentes que actualmente involucran a Fernando Orellana, la concejala sostuvo que su antecesor fue removido por hechos que, a su juicio, revestían menor gravedad. En ese contexto, planteó que «por menos» de lo que habría hecho el actual administrador municipal, Patricio Tapia fue destituido, apelando a la necesidad de aplicar criterios coherentes frente a situaciones que pueden comprometer la confianza pública en la gestión municipal.
El antecedente introduce un componente político adicional a la controversia, pues pone sobre la mesa la forma en que el Concejo Municipal hace uso de sus facultades fiscalizadoras, tomando en cuenta que la derecha oficialista es ampliamente mayoritaria, hecho que pudiese predecir que una posible moción de destitución del administrador municipal pudiera no ser aprobada, pese a que los hechos denunciados son de alta gravedad.
Los antecedentes de la denuncia
De acuerdo con lo expuesto por Almonacid, Fernando Orellana e Ignacio Ávila habrían constituido en enero de 2023 la empresa SmartDomo SpA, en la que participaron como socios y administradores. Según la cronología presentada por el concejal socialista, ambos habrían vendido sus acciones en junio de 2025.
Posteriormente, durante el concurso público realizado en 2026 para proveer el cargo de director de Operaciones de la Municipalidad de Puerto Montt, Ávila obtuvo el primer lugar de la terna evaluada por una comisión de la que formó parte Orellana, quien se desempeñaba como administrador municipal.
Para Almonacid, estos antecedentes ameritan una revisión jurídica, considerando la relación comercial previa entre ambos y la participación de Orellana en el proceso de selección. El concejal advirtió que las eventuales faltas a la probidad administrativa pueden acarrear sanciones, cuya procedencia dependerá de los hechos que se acrediten y de la normativa aplicable.
Una eventual sesión extraordinaria en el horizonte
Las posiciones expresadas por Chávez y Álvarez trasladan la discusión desde el ámbito de la revisión administrativa hacia el terreno de las responsabilidades políticas e institucionales. La posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria permitiría que el cuerpo colegiado conozca los antecedentes y debata las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones legales.
Por su parte, el alcalde Rodrigo Wainraihgt señaló que los antecedentes serían revisados por la unidad jurídica del municipio, sin adelantar una posición institucional definitiva sobre el caso.
De esta manera, la denuncia de Almonacid comienza a abrir un nuevo flanco de tensión en el Concejo Municipal de Puerto Montt. Mientras la oposición plantea revisar la continuidad del administrador municipal, el recuerdo de la destitución de Patricio Tapia en 2022 instala una interrogante sobre los criterios que utilizará el actual cuerpo colegiado para enfrentar esta controversia.
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