• La Dirección Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, encabezada por el abogado Osvaldo Emhart, enfrenta crecientes cuestionamientos debido a una serie de situaciones que han generado preocupación tanto en el Concejo Municipal como entre distintos actores locales, particularmente por el eventual impacto económico y administrativo para las arcas municipales.

Siguen los cuestionamientos a la Dirección Jurídica del Municipio de Puerto Montt, esto mientras aumentan los millonarios costos que han implicado los fallos judiciales, al mismo tiempo que continúan las criticas errores administrativos de la entidad edilicia.

Uno de los principales focos de crítica corresponde a diversos fallos judiciales adversos vinculados a despidos realizados durante la administración del alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea. En varios casos, los tribunales ordenaron la reincorporación inmediata de funcionarios desvinculados, además del pago íntegro de remuneraciones y cotizaciones previsionales adeudadas.

Recientemente, se conocieron cuatro casos cuya suma total superaría los 80 millones de pesos, recursos que deberán ser cubiertos con fondos municipales.

A ello se suma un nuevo revés judicial luego que la Corte de Apelaciones rechazara una apelación presentada por el Municipio de Puerto Montt debido a que esta fue ingresada fuera de plazo, situación que generó fuertes cuestionamientos respecto del actuar de la Dirección Jurídica.

Frente a estos antecedentes, los concejales Evelyn Chávez, Sebastián Almonacid y Bárbara Álvarez presentaron oficios solicitando una investigación interna para esclarecer eventuales responsabilidades administrativas y determinar si existió negligencia jurídica en la conducción de estos procesos.

Problemas en la Corporación Cultural

Otra controversia que actualmente enfrenta la Dirección Jurídica municipal dice relación con el proceso de reforma estatutaria de la Corporación Cultural de Puerto Montt.

Hasta la fecha, dicha entidad continúa siendo presidida por el alcalde Rodrigo Wainraihgt, pese a que el pasado 10 de febrero de 2026 el Concejo Municipal aprobó una promesa de subvención condicionada a modificaciones en la gobernanza y estatutos de la corporación durante el presente año.

Posteriormente, el concejo aprobó una nómina de integrantes para conformar un nuevo directorio. Sin embargo, la propuesta no logró consenso total entre los ediles. Tanto el concejal Sebastián Almonacid como la concejala Evelyn Chávez manifestaron su molestia debido a que el Concejo Municipal no participó en la definición de los nombres propuestos.

En tanto, la concejala Chávez expresó además reparos respecto de la falta de fundamentos para justificar el nuevo modelo de gobernanza, el cual contemplaba reemplazar al alcalde y a dos representantes del Concejo Municipal dentro del directorio de la Corporación Cultural, sin que previamente existiera una asamblea con los socios de la institución que respaldara dichos cambios. Por esta razón, la edil fue la única integrante del concejo en rechazar el punto.

Las complicaciones continuaron durante el mes de abril, cuando los socios de la Corporación Cultural fueron convocados a una asamblea para aprobar la modificación de estatutos. Sin embargo, el alcalde no estuvo presente para presidir la sesión y en su reemplazo participó el director jurídico Osvaldo Emhart, pese a no ser integrante de la corporación.

Posteriormente, durante la semana pasada, los socios fueron informados de que aquella reunión habría sido declarada nula por no ajustarse a los procedimientos establecidos en el estatuto vigente de la entidad, obligando a realizar una nueva convocatoria para resolver la situación, proceso que finalmente se habría concretado esta semana.

Crecen las críticas

De esta manera, la Dirección Jurídica del municipio puertomontino enfrenta hoy múltiples cuestionamientos relacionados con su desempeño durante la actual administración municipal, tanto por los costos económicos derivados de litigios laborales como por las dificultades registradas en procesos administrativos y corporativos de relevancia comunal.