La investigación que remeció al penal Alto Bonito tuvo este jueves un nuevo y decisivo capítulo. En el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el juez Rolando Díaz, de la Sala Dos, decretó la prisión preventiva para siete funcionarios de Gendarmería, imputados por una serie de graves delitos que incluyen cohecho, soborno, lavado de activos, asociación criminal y tráfico ilícito de drogas, en el marco de la Ley 20.000.
Tras una extensa audiencia de formalización, el tribunal estimó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando además un plazo de 200 días para el cierre de la investigación. Como medida complementaria, se dispuso que los gendarmes cumplan la cautelar más gravosa en el Centro Penitenciario de Valdivia.
En el mismo proceso, el tribunal resolvió decretar arresto domiciliario total y arraigo nacional para la imputada civil Marcela Moreno, decisión que no dejó conforme al Ministerio Público. Durante la audiencia, la fiscal Nathalie Yonsson anunció una apelación verbal, solicitando que sea la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la que revise la medida cautelar, insistiendo en la necesidad de decretar prisión preventiva también para la imputada.
La causa se origina en una investigación de largo aliento que destapó una presunta red de corrupción al interior del penal Alto Bonito. Según lo expuesto por la Fiscalía, entre fines de 2023 y diciembre de 2025, en los módulos 41, 42 y 43, se habrían realizado cobros ilegales por alimentos y bebidas, además de la venta de elementos prohibidos y pagos para permitir conductas expresamente sancionadas por la normativa penitenciaria.
Los antecedentes reunidos por el Ministerio Público dan cuenta de un sistema que, de comprobarse, habría operado de manera sostenida en el tiempo, involucrando a funcionarios encargados de la custodia y control del recinto penitenciario, en uno de los casos más graves de corrupción detectados en el sistema carcelario de la Región de Los Lagos.
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