La corrupción habría traspasado los muros del penal Alto Bonito. Tras más de cinco horas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt resolvió suspender este martes la formalización en contra de siete funcionarios de Gendarmería y una persona civil, imputados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. La instancia judicial se reanudará este miércoles, a las 11:00 horas, con la exposición de los descargos por parte de las defensas.
Durante la extensa jornada, la fiscal del Ministerio Público, Nathalie Yonsson, expuso una serie de antecedentes que dan cuenta de una presunta red de corrupción al interior del principal recinto penitenciario de la capital regional. Los hechos, según detalló la persecutora, habrían ocurrido entre fines de 2023 y diciembre de 2025 en los módulos 41, 42 y 43 del penal, donde los imputados habrían operado mediante el cobro de dinero a internos a cambio de diversos beneficios.
De acuerdo con lo señalado en audiencia, los funcionarios involucrados habrían comercializado alimentos preparados al interior de la cárcel, ofreciendo desde sándwiches hasta sushi y curantos, con precios que fluctuaban entre los 30 mil y 50 mil pesos. Incluso, una botella de ron habría sido vendida por una suma cercana a los 150 mil pesos, según los antecedentes presentados por la fiscalía.
Pero los cobros no se habrían limitado solo a alimentos y bebidas. El Ministerio Público sostuvo que, a partir de declaraciones de internos, familiares, funcionarios y escuchas telefónicas, se logró establecer la venta de elementos prohibidos por la normativa penitenciaria, entre ellos teléfonos celulares, drogas y medicamentos como Viagra, vulnerando gravemente los protocolos de seguridad del recinto.
La investigación también reveló prácticas aún más graves. Según la fiscalía, algunos de los imputados habrían cobrado dinero por permitir el uso de baños del penal con el fin de facilitar encuentros sexuales entre internos y sus parejas, conductas expresamente prohibidas y sancionadas dentro del sistema penitenciario.
Finalizada la exposición del Ministerio Público, el tribunal determinó suspender la audiencia y continuar este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, instancia en la que se escucharán los argumentos de las defensas y se resolverán las medidas cautelares que eventualmente podrían imponerse a los imputados.
Durante la extensa jornada, la fiscal del Ministerio Público, Nathalie Yonsson, expuso una serie de antecedentes que dan cuenta de una presunta red de corrupción al interior del principal recinto penitenciario de la capital regional. Los hechos, según detalló la persecutora, habrían ocurrido entre fines de 2023 y diciembre de 2025 en los módulos 41, 42 y 43 del penal, donde los imputados habrían operado mediante el cobro de dinero a internos a cambio de diversos beneficios.
De acuerdo con lo señalado en audiencia, los funcionarios involucrados habrían comercializado alimentos preparados al interior de la cárcel, ofreciendo desde sándwiches hasta sushi y curantos, con precios que fluctuaban entre los 30 mil y 50 mil pesos. Incluso, una botella de ron habría sido vendida por una suma cercana a los 150 mil pesos, según los antecedentes presentados por la fiscalía.
Pero los cobros no se habrían limitado solo a alimentos y bebidas. El Ministerio Público sostuvo que, a partir de declaraciones de internos, familiares, funcionarios y escuchas telefónicas, se logró establecer la venta de elementos prohibidos por la normativa penitenciaria, entre ellos teléfonos celulares, drogas y medicamentos como Viagra, vulnerando gravemente los protocolos de seguridad del recinto.
La investigación también reveló prácticas aún más graves. Según la fiscalía, algunos de los imputados habrían cobrado dinero por permitir el uso de baños del penal con el fin de facilitar encuentros sexuales entre internos y sus parejas, conductas expresamente prohibidas y sancionadas dentro del sistema penitenciario.
Finalizada la exposición del Ministerio Público, el tribunal determinó suspender la audiencia y continuar este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, instancia en la que se escucharán los argumentos de las defensas y se resolverán las medidas cautelares que eventualmente podrían imponerse a los imputados.
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