La prisión preventiva decretada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra siete médicos extranjeros destapó uno de los fraudes más graves al sistema de salud pública en los últimos años: una red nacional de emisión de licencias médicas ideológicamente falsas que entre 2021 y 2024 provocó un perjuicio fiscal superior a los $20.871 millones.
Uno de los focos de la investigación apunta a Puerto Montt, donde fue detenida la médica cubana Mayra de la Fuente Aguilar, quien hasta la semana pasada mantenía contrato vigente en la Atención Primaria de Salud municipal, específicamente en el Cesfam Padre Hurtado (Mirasol).
Una red con alcance nacional
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la organización emitió 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron financiadas por Fonasa. El patrón detectado no solo da cuenta de una producción masiva, sino también de clientes recurrentes, principalmente funcionarios públicos, lo que elevó el impacto fiscal y administrativo del fraude.
El tribunal estimó que la libertad de los imputados implicaba un peligro para la seguridad de la sociedad, al tratarse de delitos reiterados, con alto perjuicio económico y una estructura organizada que se mantuvo activa por al menos tres años.
Puerto Montt: una pieza clave del caso
La detención de De la Fuente Aguilar en la capital regional abrió interrogantes sobre los mecanismos de control interno en la salud municipal. Según registros de Transparencia Activa, la médica ingresó al sistema municipal el 18 de julio de 2022 bajo la modalidad de honorarios, como refuerzo postpandemia, atendiendo consultas respiratorias y patologías crónicas atrasadas.
Durante más de un año operó como refuerzo en el consultorio de Mirasol, percibiendo rentas entre $2,1 y $2,4 millones brutos, sin que —hasta ahora— existan registros públicos de sumarios administrativos, observaciones clínicas o alertas tempranas asociadas a su desempeño.
A fines de 2023, lejos de detectarse irregularidades, su vínculo laboral se fortaleció: pasó a la modalidad de Contrata, asimilada al Grado A-15, obteniendo mayor estabilidad laboral y asignaciones de excelencia, según su expediente funcional.
Controles que no operaron
Uno de los ejes que la investigación deberá esclarecer es cómo una médica investigada por emitir licencias ideológicamente falsas logró mantener evaluaciones positivas, mientras paralelamente —según la Fiscalía— integraba una red delictual de alcance nacional.
El caso abre cuestionamientos sobre el cruce de información entre Fonasa, Compin, municipios y servicios de salud, así como la efectividad de los sistemas de detección de patrones anómalos en la emisión de licencias médicas desde la Atención Primaria.
Funcionarios compradores y uso fraudulento
El impacto del fraude no se limita a los médicos emisores. La Fiscalía confirmó que avanza en la formalización de 318 funcionarios públicos identificados como compradores habituales de estas licencias.
En Puerto Montt, antecedentes previos de la Contraloría General de la República ya habían detectado conductas irregulares: 140 funcionarios asistieron a casinos de juego y 27 viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, hechos que ahora cobran nueva relevancia bajo el contexto de esta investigación penal.
Lo que viene
El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, periodo clave para determinar responsabilidades penales, eventuales negligencias administrativas y posibles omisiones institucionales que permitieron la operación prolongada de esta red.
No se descarta que el número de imputados aumente ni que el caso derive en acciones administrativas y civiles contra organismos públicos que no activaron controles oportunos, en un fraude que puso en evidencia fallas estructurales en el sistema de licencias médicas del país.
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